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El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, anunció el domingo que su administración demandará al Departamento de Justicia por sus amenazas de quitar el financiamiento de las llamadas ciudades santuario que no cumplen con sus obligaciones. Emanuel acusó al departamento de Jeff Sessions de “chantajear” a Chicago para que cambie sus valores.

“El gobierno federal debería trabajar con las ciudades para proveerlas con los recursos necesarios que mejoren la seguridad pública, no para generar nuevos esquemas que reduzcan nuestros recursos para luchar contra la criminalidad”, dijo Emanuel en un comunicado. “La Ciudad de Chicago seguirá enfrentando al presidente Trump y a su Departamento de Justicia para asegurarse de que sus políticas desacertadas no arriesguen la seguridad de nuestros residentes”.

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“Chicago está demandando al Departamento de Justicia de Trump por su plan para obligar a las ciudades a escoger entre fondos de seguridad públicas y nuestros valores como una ciudad que da la bienvenida [a migrantes]”.

El juicio, que supuestamente se presentará el lunes, entra a conocer sobre los últimos lineamientos que obligan a las ciudades a compartir información con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Sessions anunció hace dos semanas que las ciudades tendrán que autorizar el acceso ilimitado a los centros de detención, avisar a las autoridades de inmigración cuando liberan a alguien buscado por el ICE y compartir información migratoria con las autoridades federales para recibir apoyos del programa conocido como Fondos de Asistencia para la Justicia.

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Las órdenes de Sessions obviamente atacan a las ciudades santuario; son inconstitucionales según Emanuel y el consejero de Chicago, Ed Siskel. Aparte de que socava el decreto de Chicago que la convirtió en una ”ciudad de bienvenida a migrantes”, las demandas de Sessions violan la cuarta enmienda de la constitución de Estados Unidos. ICE ha pedido recibir alertas cada vez que liberen a alguien detenido, y también requiere que los detengan por 48 horas, lo cual es más de lo que la constitución permite.

“Estamos presentando esta demanda porque el Procurador General no tiene la autoridad para agregar estos requerimientos a un programa de apoyos financieros creado por el Congreso y no puede dirigir a los policías locales para llevar a cabo las funciones de leyes migratorias federales”, dijo Siskel. “Le estamos pidiendo a la corte que se asegure de que no nos están forzando a dejar el dinero importante a un lado si no aceptamos las nuevas condiciones que violan la constitución y nuestro estatus de ciudad de Bienvenida”.

Chicago perdería mucho dinero si se determina que las órdenes de Sessions son constitucionales. La ciudad recibió $2.3 millones de dólares en recursos federales el año pasado para combatir los problemas de violencia de pistolas y los homicidios en la ciudad. Según el Departamento de Justicia, la tasa de homicidios en Chicago es más elevado que en Nueva York y Los Ángeles juntas.

La vocera del Departamento de Justicia respondió a la demanda de Chicago con un comunicado amargo: “Es especialmente trágico que el alcalde no se preocupe tanto por sus cifras alarmantes de crimen y use su tiempo y el dinero de los contribuyentes para proteger a extranjeros criminales, lo que supone añadir otro peligro a combatir para los policías de Chicago”.

Chicago se sumó a la larga lista de ciudades que están demandando a Sessions por sus requisitos anti-migratorios que se usan como condición para recibir dinero.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés.