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BIG BEND, Texas – “Eviten la cocina, porque allí hay cuchillos”, dice Regina Wilcox, la coordinadora del programa de acoso sexual del Centro de Familias en Crisis del Big Bend. “Mucha gente se encierra en el baño, pero allí quedan acorralados”, agrega.

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Estos son algunos de los consejos de supervivencia que Wilcox y otras defensoras en el centro ofrecen a las víctimas de violencia doméstica, acoso sexual y otros crímenes violentos.

Inaugurado en 1982 en un Centro Comunitario en la pequeña ciudad de Alpine en Texas, el centro se expandió a tres puestos desde donde se brinda asistencia en las áreas más necesitadas del amplio terreno del lejano oeste texano.

Además de brindar asesoramiento y asistencia legal, los voluntarios del Centro de Familias en Crisis del Big Bend organizan talleres donde enseñan a hacer artesanías a las mujeres de las comunidades asentadas en la zona de frontera.
Sasha von Oldershausen

En la región de la frontera entre Estados Unidos y México la violencia doméstica toma una nueva y terrible dimensión, en la que las víctimas quedan atrapadas en relaciones abusivas debido a su condición de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos.

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Rosa, una mexicana de 32 años expresó que cuando en 2011 se mudó a Presidio, en Texas —un pueblo de 6000 habitantes—, su novio empezó a utilizar su condición de inmigrante indocumentada como una forma de ejercer control social sobre ella. Sin familia ni amigos en Estados Unidos, la única salida que ve posible es conseguir la residencia legal.

“Él sabía que no tenía documentos y que tampoco tenía familia aquí”, expresa Rosa, cuyo nombre real fue cambiado para proteger su identidad. “Él sabía que no podía regresar a México, así que tenía que hacer todo lo que me ordenaba. Decía que le pertenecía”, se lamenta.

Ahora Rosa se siente atrapada. “Le corto el pelo, le corto las uñas, lo afeito, le limpio las orejas. Tengo que estar disponible para cuando él quiere tener relaciones sexuales conmigo. Tengo que usar la ropa que él quiere y cuando le digo que me está haciendo daño, no le importa. No frena”.

Según Marco Baeza, el Jefe de Policía de Presidio, este tipo de violencia no es extraño en la región de la frontera.

“Algo que veo en los casos en que uno de los cónyuges es indocumentado es que el abusador los amenaza con ser deportados”, expresa Baeza. “O el abusador les dice ‘Si llamas a la policía llamaré a los agentes de inmigración y te mandarán de regreso’”.

Las mujeres de Presidio organizaron una vigilia con velas encendidas contra la violencia doméstica
Sasha von Oldershausen

El Jefe de Policía agregó: “Cuando hay niños de por medio es peor. Por lo general, los niños son ciudadanos de Estados Unidos, así que el abusador amenaza al cónyuge con que si lo denuncia, lo deportará y los niños se quedarán en Estados Unidos y nunca más los verá. Amenazas de ese tipo”.

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Además explicó que las víctimas que se encuentran en ese tipo de relaciones abusivas con frecuencia no toman la decisión de llamar a la policía por miedo a que las deporten.

Baeza expresó que el número de casos de violencia doméstica del que es testigo anualmente disminuyó desde que tomó el cargo a principio del año 2000, un hecho que él relaciona con las consecuencias inesperadas de la “política de tolerancia cero” hacia la violencia doméstica en Texas.

De acuerdo con esta política, un oficial de policía debe proceder a un arresto si existe alguna causa probable de que haya habido violencia. En consecuencia, Baeza dijo que los cónyuges que menos llaman a la policía son aquellos que temen que el arresto pueda llevar a problemas de inmigración.

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Para los defensores del Centro de Familias en Crisis del Big Bend ayudar a las víctimas de violencia en la frontera significa identificar la fuente de la violencia en sí misma. Uno de los servicios más importantes que brindan a las víctimas es la asistencia legal para conseguir la residencia, una hazaña no tan sencilla de lograr en el sistema actual.

Sin embargo, el Centro logró que Rosa pudiera aplicar para la residencia a través del Acta de violencia contra las mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés), una ley que desde 1994 permite que las víctimas de violencia doméstica puedan obtener alivio migratorio. Rosa pudo solicitar una visa de inmigrante y desde ese momento le han otorgado un permiso de trabajo.

Pero la residencia puede tardar años en llegar. Seis de los clientes del Centro de Familias en Crisis están en el proceso de aplicar a la residencia, mientras que una mujer recién obtuvo su residencia luego de esperar durante cuatro años.

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Por el momento Rosa está esperando, mientras trabaja en empleos temporales y ahorra dinero para el futuro. Espera que una vez que consiga la residencia ella y sus hijos finalmente puedan librarse de la relación abusiva.