AP

Decenas de mexicanos deportados que han trabajado en centros de detención para inmigrantes están denunciado explotación laboral. Varios supuestamente no han podido cobrar el salario que estos centros les deben por su trabajo, relata una investigación de la revista Proceso. Un grupo se quejó recientemente que las tarjetas de débito que recibieron como pago carecen de fondos o no pudieron ser activadas.

Los inmigrantes que han denunciado estos abusos aseguran que trabajaron por varios meses en los centros de CEO Group, una empresa que maneja cárceles privadas. La compañía ya ha sido investigada por las autoridades estadounidenses por supuestamente abusar de los inmigrantes detenidos.

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“La gente me dice que las tarjetas no han funcionado en los cajeros automáticos, no sabían cuánto dinero tenían”, le dijo el sacerdote Giovanni Bizzotto, director del albergue Casa del Migrante Nazaret en Nuevo Laredo, a Proceso. “Lo que que más preocupa es que están expulsando mucha gente sin el debido proceso, van a una audiencia judicial, los detienen y los deportan. No tienen oportunidad de sacar nada”.

Los primeros 100 días de la administración Trump resultaron en la detención de 41,318 inmigrantes indocumentados, según un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Eso representa un aumento de casi 38% en comparación con el año pasado, cuando ICE detuvo a 30,028 indocumentados del 24 de enero al 30 de abril. La mayoría de los inmigrantes detenidos son mexicanos.

Los inmigrantes encarcelados en centros de detención reciben un dólar al día por su trabajo, afirma una investigación de Jacqueline Stevens, profesora de derecho en la Universidad Northwestern.

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“GEO o los guardias se quedan con el dinero”, aseguró Stevens en entrevista con Proceso. “Pienso que los fondos que permanecen en las cuentas en el comisariato o la tienda de la prisión están siendo desviados a un área llamada ‘fondo de entretenimiento para los guardias’”.

La organización Iniciativas Comunitarias para Visitar Inmigrantes en Confinamiento (CIVIC) publicó recientemente un informe que asegura que GEO tiene más inmigrantes indocumentados en sus centros que las otras empresas. GEO es la segunda compañía más grande de cárceles privadas.

El vocero de GEO, Pablo Páez, negó las acusaciones en un correo electrónico enviado a Proceso. Reiteró lo que la empresa siempre subraya: “Todas nuestras instalaciones cumplen con estándares de desempeño establecidos y ordenados por el gobierno federal, que emplea a varios monitores de tiempo completo in situ y realiza supervisiones programadas y sorpresivas para garantizar el cumplimiento”.