AP

Un juez federal suspendió temporalmente este martes una orden ejecutiva del Presidente Donald Trump que amenazaba con cortar los fondos federales de las ciudades santuario que no cooperan con las agencias migratorias.

El Juez William Orrick del distrito del norte de California en San Francisco bloqueó la Sección 9(a) de la orden ejecutiva que Trump firmó el 25 de enero.

La Sección 9(a) detalla lo siguiente:

En apoyo a esta política, el Fiscal General y el Secretario, según su criterio y en una medida que sea consistente con la ley, se asegurarán que las jurisdicciones que voluntariamente se niegan a cumplir con 8 U.S.C. 1373 (jurisdicciones santuario) no calificarán para recibir subsidios federales, excepto lo que el Fiscal General o el Secretario consideren necesario para cumplir con los objetivos de la ley. El Secretario tiene la autoridad de designar, según su criterio y en una medida que sea consistente con la ley, una jurisdicción como una jurisdicción santuario. El Fiscal General tomará las acciones de control necesarias contra cualquier entidad que viola 8 U.S.C. 1373, o que haya implementado un decreto, política o práctica que prohíbe o impide el cumplimiento de la ley Federal.

8 U.S.C. 1373 es la sección del Código de Estados Unidos que establece cómo las agencias policiacas locales, estatales y federales colaboran para cumplir con las leyes migratorias.

Advertisement

El Juez William Orrick escribió en su veredicto que independientemente de que la orden haya sido aprobada, el “mandato no hace nada más que implementar el efecto de la interpretación equivocada de la Orden por parte del Gobierno”.

El periodista Matt Zapotosky del diario The Washington Post subrayó que la decisión del juez básicamente establece que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna aún pueden identificar a las ciudades santuario y retener ciertos fondos. Sin embargo, prohíbe poner la orden en práctica “de una manera que viola la Constitución”.

Advertisement

Aparentemente la decisión del juez se basó en si la orden ejecutiva del presidente puede cambiar la manera en que se gastan los fondos federales. Orrick afirmó que eso es un poder del Congreso y no del presidente.

A pesar de que la nueva interpretación de la Orden por parte del Gobierno no es posible legalmente, parece que pone a las partes en un acuerdo general con respecto a los límites constitucionales de la Orden. La Constitución le otorga el poder de gasto al Congreso, no al Presidente, entonces la Orden no puede imponerle de manera constitucional condiciones nuevas a los fondos federales. Además, la Décima Enmienda requiere que las condiciones de los fondos federales sean claros y hechos de manera puntual; que tengan alguna relación con los fondos en cuestión; y que el total del incentivo financiero no sea coercitivo. No se pueden amenazar los fondos federales que carecen de una relación significativa con las leyes migratorias porque una jurisdicción escoge una estrategia migratoria con la cual el Presidente no está de acuerdo”.

La decisión del juez llega después de que Trump presumiera la orden ejecutiva en una página web del sitio oficial de la Casa Blanca que celebra sus primeros 100 días como presidente.

WhiteHouse.gov