AP

Un juez federal de Arizona decidió el martes que la ley estatal que prohíbe el programa de estudios mexicano-estadounidense en el distrito escolar de Tucson es inconstitucional y racista.

La decisión del juez A. Wallace Tashima decía que la aprobación e implementación de la ley HB 2281 violaba la Primera Enmienda Constitucional y creaba un prejuicio hacia los estudiantes latinos. Dicha norma prohibió las clases que consideraba que podrían causar tensión racial, un objetivo que Wallace Tashima ha interpretado como una en violación de la 14ª enmienda “motivada por animosidad racial”.

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La ley se aprobó por los legisladores republicanos de Arizona y la gobernadora Jan Brewer la firmó en 2010. En efecto, el distrito escolar de Tucson tuvo que terminar con el programa que tenía mucha popularidad en 2012, si no se enfrentaría a perder el 10% de sus fondos estatales.

“La evidencia adicional muestra que los acusados estaban usando fines discriminatorios para avanzar políticamente”, explicó Tashima en su veredicto, que se publicó el martes. El ex superintendente de instrucción pública Tom Horne y su sucesor John Huppenthal señalaron sus “esfuerzos contra el programa de estudios mexicano-estadounidense en sus distintas campañas políticas en 2011, incluso en sus discursos y anuncios en la radio. El asunto era un enriquecimiento político para los candidatos”.

Según la mayoría de testimonios, los orígenes racistas de la ley empezaron en 2006, cuando la activista Dolores Huerta visitó una escuela pública en Tucson y declaró que “los republicanos odian a los latinos”.

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“Esto enfureció al superintendente de instrucción pública Tom Horne, quien mandó a su diputada, Margaret Dugan, republicana-hispana, a ofrecer un discurso para decir lo contrario”, explicó la periodista del Huffington Post Roque Planas en una entrevista con el portal NPR en julio de 2017, cuando las cortes entraron a conocer del caso.

Cuando hizo esta intervención, a algunos de los estudiantes no les permitieron hacer preguntas. “Entonces se pusieron en pie en la multitud y se colocaron cinta sobre sus bocas para protestar”, agregó Planas. “Esto enojó a Tom Horne mucho más y lo impulsó a empezar su campaña para prohibir las clases de estudios étnicos, específicamente, para terminar con este programa de Tucson”.

Gran parte del cuerpo de la ley se apoyó en un tribunal federal de apelaciones en 2015. Sin embargo, el caso se llevó al juez Tashima para determinar si la creación de la misma tenía intenciones racistas.

A pesar de la decisión de que el racismo fue una de las motivaciones de la ley, el juez Tashima no declaró qué se debería hacer respecto a ella. “Esto no es una decisión final porque la corte todavía no ha decidido la solución adecuada. Por eso, todavía no se han determinado los costos y los pagos para los abogados”, escribió en su decisión.

Richard Martinez, uno de los abogados del equipo de demandantes, se emocionó por la decisión. En conversación con el portal The Huffington Post dijo: “Esto subraya la importancia del sistema judicial en la protección de todos contra la discriminación racial”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés.