No todos hacen lo que Jane hizo— le marcó a la policía. No le tenía miedo a la policía, le tenía miedo a su esposo.
Había abusado de ella desde que empezaron a salir juntos. Le gritaba, le sacaba dinero de su cuenta de ahorros, y la amenazaba con llamarle a la migra. Pero esa noche la atacó físicamente.
“Fue la primera vez que me ahorcó”, me dijo Jane una mañana.
Estábamos sentadas en la oficina de un albergue para víctimas de violencia doméstica. Jane y su hijo de cuatro años han estado viviendo ahí los últimos meses. “Cuando le traté de llamar a la policía, mi esposo aplastó mi teléfono celular. Se rompió en pedazos”.
Fue después de la medianoche y Jane corría por los pasillos de su edificio, tratando de encontrar a alguien que le prestara un teléfono. Cuando por fin encontró a alguien, le marcó a la policía otra vez. Llegaron y arrestaron a su esposo, quien es ciudadano estadounidense, y se la llevaron a un hospital cercano.
Un trabajador social le recomendó un albergue para familias sin hogar y la llevó a conocer Safe Horizon, una organización que ayuda a víctimas de violencia doméstica en Nueva York. En una semana, Jane y su hijo se mudaron a un albergue en un vecindario residencial en una de las cinco delegaciones de la ciudad. (He cambiado el nombre de Jane y he omitido otros detalles que se podrían usar para identificarla y encontrar su ubicación).
Todo pasó muy rápido, pero ahora se siente más tranquila. “No sabía que podía vivir en un lugar como este”, me dijo Jane. Los departamentos de arriba son pequeños y ordenados. Hay un traspatio y un espacio de juegos en el sótano. A su hijo (lo tuvo con otra pareja) le ha ido tan bien en la guardería que sus maestros le han empezado a dejar cuadernos de trabajo para niños mayores. “Es como una casa aquí”, Jane subrayó.
El sistema para responder a emergencias de Nueva York ha funcionado para Jane, quien emigró de China a Estados Unidos hace poco más de dos años. Ella y su hijo son indocumentados. Sin embargo, el sistema fue diseñado para ser una solución provisional. Simplemente sirve para sacar a alguien de una situación peligrosa y ayudar a tomar los siguientes pasos. Pero Jane no puede seguir adelante. Su situación migratoria no la deja avanzar.
A pesar de que ya ha superado el peligro de su marido (tiene dos órdenes de protección contra él y dice que eso la hace sentirse más segura), Jane todavía está atrapada en el sistema. Ya se siente cómoda con su nueva rutina en el albergue, pero sabe que para las familias indocumentadas como la suya—cuando un niño y su mamá carecen de documentos y acaban de huir de una situación de violencia— el tipo de santuario que se presume en las ciudades progresistas no es suficiente. Los policías no le preguntaron a Jane sobre su situación migratoria cuando llegaron a su departamento esa noche. Los trabajadores que la atendieron en el hospital tampoco le preguntaron.
Pero Jane necesita más que una política de “no preguntar, tampoco revelar”. Necesita cosas básicas: acceso a vivienda, seguro médico y un sueldo mínimo para poder sobrevivir en la ciudad. El sistema actual no se lo puede dar ya que ella y su hijo son indocumentados. Quiere conocer la vida afuera del albergue, pero todavía no sabe lo que viene.
Se encuentra muy ansiosa. “No sé lo que va a pasar”, me dijo.
Le avisaron a Jane que la ciudad rechazó sus solicitudes para apoyos de alimentación y vivienda la mañana que nos reunimos. Los padres indocumentados con hijos que son ciudadanos pueden solicitar para programas como SNAP y de vivienda en situaciones de emergencia a través de la Oficina de Vivienda de Nueva York. Pero el hijo de Jane también es indocumentado.
Jane se reúne con un trabajador social cada semana para ver si le dan luz verde a su solicitud para un permiso de trabajo que entregó junto con su ex esposo. Está viendo si solicita una visa por medio de la Ley de Violencia Contra las Mujeres. Jane no tiene acceso a ningún apoyo gubernamental hasta que ella o su hijo tengan un permiso para permanecer en el país.
Esto la deja en una situación en la que tiene que navegar un sistema que no responde. Se pregunta cada día cómo se va cuidar a si misma y a su hijo ahora que su vida ha cambiado drásticamente y no tiene acceso a los programas sociales del gobierno. Una complicación lleva a la otra.
Sin vales de comida, Jane depende de la comida del albergue y de otros bancos de alimento en la ciudad. Esto la ha ayudado a mantenerse a flote, pero sigue siendo un sistema con recursos escasos, especialmente cuando hay más demanda por los servicios.
Jane tampoco puede trabajar de manera legal por las mismas razones. No puede pagar por su propio departamento y no se puede salir del albergue hasta que Safe Horizon la meta a un hogar de largo plazo para familias. Todavía no sabe lo que pasará, ni cuánto tiempo tomará.
En un solo día 3,711 víctimas— 2,109 menores de edad y 1,602 adultos— son hospedados en albergues de emergencia o en viviendas de transición de organizaciones locales como Safe Horizon, reveló una encuesta de 2015 que le dio seguimiento a 99 programas de violencia doméstica en Nueva York. En ese mismo día, 956 solicitudes de servicios no fueron cumplidas — 61% eran solicitudes de vivienda.
En la misma encuesta, 39% de los programas reportaron recortes presupuestales del gobierno. Casi uno en cada cinco reportaron reducciones de personal. No hay suficientes recursos y las cosas podrían empeorar bajo la administración Trump.
El plan presupuestal que la Casa Blanca publicó el mes pasado incluye recortes a programas domésticos que ayudarían a financiar el apoyo en situaciones de emergencia como la de Jane. La propuesta para recortar $6 mil millones de dólares del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano afectaría los programas de vivienda de interés social. Más recortes para la Corporación de Servicios Legales limitaría el acceso de las víctimas de violencia doméstica de bajos ingresos a los servicios legales para presentar un caso de custodia contra su pareja abusiva o pedir asistencia para normalizar sus situaciones migratorias.
“Lo que empezamos no fue suficiente, y eso fue antes de que todo se intensificó bajo esta administración”, me dijo Shani Adess, una abogada que trabaja en el Proyecto de Ley Migratoria de Safe Horizon. “Habíamos logrado mucho en términos de mejorar un sistema para responder más efectivamente a las necesidades de las personas. Ahora corremos el riesgo de perder todo por lo que habíamos luchado. Nos están quitando nuestros avances”.
Ese tipo de inseguridad presenta un peligro verdadero para las víctimas de violencia doméstica. “Si no tienes una red de apoyo cuando estás huyendo de una situación violenta, es más probable que regreses a un ambiente inseguro por la necesidad de cosas básicas”, subrayó Adess. “A pesar de todo, si tienes un niño y no puedes pagar por sus alimentos, sus pañales, su ropa, ¿qué vas hacer?”.
Y todo es aún más difícil ante las condiciones de miedo y inseguridad que se han generado durante la administración Trump. Una versión preliminar de una orden ejecutiva que se filtró a fines de enero mencionaba la idea de buscar y deportar a los inmigrantes que usan servicios sociales. Proponía crear estándares para “determinar si un extranjero es deportable… por haberse convertido en una carga pública dentro de cinco años de su entrada al país”. El documento sugiere repatriar a aquellos que recibieron “una cierta cantidad de apoyo público, incluyendo vales de comida, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, y Medicaid”, según el diario Washington Post.
Las acciones de Trump también le preocupan a Jane.
En ocasiones me pidió que dejara de grabar la entrevista. Tiene miedo que algún dato suyo se cuele en la historia y que esto afecte su caso migratorio (eventualmente me dio permiso de incluir esta parte).
“Quiero trabajar y criar a mi hijo yo misma”, insistió. “Quiero conseguir un trabajo, dos trabajos, todo lo que necesito para mi bebé y yo. Quiero ser independiente”.
El hecho de que Jane llegó a pedirle ayuda al equipo de emergencia es algo que no muchas personas hacen. Le llamó a la policía un poco antes de la elección presidencial, pero mucho ha cambiado desde entonces. En Los Ángeles, al comparar los mismos meses de 2016 y 2017, cabe destacar que los reportes de violencia doméstica han disminuido en un 10% dentro de la comunidad latina. Las policías locales han dicho que esto está relacionado con las redadas y las amenazas que ha lanzado la administración Trump contra los inmigrantes.
Los reportes de abuso sexual también han disminuido en un 25%. Las comunidades de inmigrantes están perdiendo la confianza en las autoridades.
En Colorado, por lo menos cuatro mujeres han decidido dejar sus casos de violencia doméstica contra sus supuestos abusadores porque tienen miedo de ser detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según un informe del noticiero NPR. En Nueva York, agentes de ICE arrestaron a un hombre que se presentó ante una corte de familia en Brooklyn.
“Las redadas han causado mucha ansiedad”, me dijo Adess. “Y la cobertura de los noticieros, hasta las cosas que ni siquiera están sucediendo en Nueva York— la gente lo está viendo y se está poniendo inquieta. Es terrible y preocupante pensar cuánta gente se va a quedar en una situación donde no busca ayuda ni protección porque tiene miedo de que el sistema está en contra de ellos”.
Estas detenciones no son nada nuevo, pero esta administración ha sido explícita en su deseo de que los inmigrantes tengan miedo del sistema. El esposo de Jane también quería eso. “Después de que nos casamos, me dijo que era muy poderoso y que solamente le necesitaba decir una cosa a ICE y que ellos podrían decidir si me puedo quedar o no”, me dijo Jane.
Ella pensaba que la incertidumbre terminaría cuando lo dejó, pero simplemente tomó otra forma. Jane está usando un apoyo económico de Safe Horizon para tomar clases para convertirse en una asistente de enfermeras. Dice que quiere que eso sea su primer paso para ser enfermera. Pero no sabe si lo logrará.
Por el momento, simplemente está esperando. “Me preocupo mucho por la inmigración”, me dice. “Eso es lo que quiero más. Para mi bebé y yo. Si puedo conseguir un estatus migratorio, podría sentirme más segura. Podría trabajar y ganar dinero y pagarlo todo. No tendríamos que depender de nadie”.