AP

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firm√≥ el domingo por la noche la nueva ley SB 4 para prohibir las pol√≠ticas de las llamadas ‚Äúciudades santuario‚ÄĚ.

‚ÄúComo gobernador, mi m√°xima prioridad es la seguridad p√ļblica, y este proyecto de ley promueve ese objetivo al mantener a los criminales peligrosos fuera de nuestras calles‚ÄĚ, subray√≥ el gobernador mediante una transmisi√≥n de Facebook Live.

La nueva ley penalizar√° a los funcionarios en las ciudades, municipios y universidades p√ļblicas dentro del estado que no cooperen con las agencias federales de inmigraci√≥n e intenten proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportaci√≥n.

La nueva política surtirá efecto a partir del primero de septiembre.

Todas las c√°rceles del estado tendr√°n que cumplir con las solicitudes de informaci√≥n del Servicio de Inmigraci√≥n y Control de Aduanas (ICE) sobre las personas indocumentadas que se encuentran detenidas. Los funcionarios que no cumplan con las solicitudes de detenci√≥n podr√°n perder sus cargos y enfrentar√°n penas de hasta un a√Īo de prisi√≥n.

También se impondrán multas de hasta $25,000 dólares al día contra los gobiernos locales en el estado que no cooperan con las agencias migratorias.

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La ley también le permitirá a la policía indagar la situación migratoria de los detenidos.

Varios expertos afirman que esta ley vulnera los derechos de los 1.8 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Texas. Los indocumentados podrían ser detenidos y expulsados del país si intentan reportar un crimen o colaborar con la policía.

Los dem√≥cratas y los activistas argumentan que la norma impulsar√° la discriminaci√≥n racial dentro de los departamentos de pol√≠cia. ‚ÄúCualquier agente de procuraci√≥n de justicia estar√° autorizado para cuestionar la condici√≥n migratoria de cualquier persona durante un arresto, detenci√≥n u operativo de rutina‚ÄĚ, subray√≥ la Secretar√≠a de Relaciones Exteriores de M√©xico en un comunicado. ‚ÄúEste tipo de medidas criminalizan a√ļn m√°s el fen√≥meno migratorio, fomentan actos de discriminaci√≥n racial y reducen la colaboraci√≥n de la comunidad migrante con las autoridades locales‚ÄĚ.

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El gobierno mexicano externó su preocupación pero no anunció medidas retaliatorias contra Texas. La economía del estado depende en gran medida del comercio con México, el turismo y el trabajo de los inmigrantes indocumentados.

En 2011, la administración Obama demandó al estado de Alabama para bloquear una ley migratoria similar. El gobierno federal argumentó en aquel entonces que la constitución estadounidense prohíbe que los estados implementen sus propias leyes migratorias. Sin embargo, esta nueva ley en Texas refuerza las órdenes ejecutivas de Trump que buscan eliminar los fondos federales para las ciudades santuario.

Algunos grupos que defienden los derechos de los inmigrantes han prometido demandar al estado ante los tribunales federales en un intento por anular la nueva ley.