Archivo Nacional/Splinter

Las autoridades migratorias han recibido una primera autorización para destruir los registros de los detenidos durante su internamiento. Eso incluye las evidencias que tienen que ver con casos de muertes y asaltos sexuales que los inmigrantes sufrieron durante su detención por las autoridades. Piden que toda esa información sea destruida una vez pasados 20 años de haber acontecido.

Una notificación publicada el 14 de julio por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés) –la agencia encargada de archivar materiales creados por el gobierno federal–declara que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está pidiendo permiso para destruir “registros relacionados con los detenidos, incluso los incidentes de abuso y asalto sexual, escapes, muertes bajo custodia de la agencia, el precio de las llamadas que hicieron los detenidos, alternativas a la detención, notas y reportes sobre la situación de los detenidos y centros de detención, así como la ubicación y segregación de los detenidos”.

La ICE se fundó en 2003, así que de aprobarse esta prerrogativa podría empezar a destruir sus registros de ese año en 2023. La delegada de prensa de la ICE, Sarah Rodríguez, le dijo a Splinter que no tenía idea de cuántos documentos se destruirían si se aprobara la solicitud de la agencia.

La agencia actualmente posee alrededor de 40.000 detenidos bajo su custodia, lo que significa que el número de documentos y materiales que la agencia podría destruir cada año podría ser mayor a los cien mil.

NARA ha emitido un permiso preliminar para la solicitud el cual plantea sugerencias sobre cuáles historiales se deberían preservar en el Archivo Nacional. Esta iniciativa de la agencia de inmigración surge en un momento en la cual, además, ha dejado de compartir información con investigadores y ha limitado la información disponible solo para los abogados–mientras ha intensificado sus esfuerzos con las detenciones a inmigrantes indocumentados.

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El Archivo Nacional guarda entre 2 y 5 por ciento de los documentos federales cada año, según la vocera Laura Sheehan. Los documentos que guardan incluyen correos electrónicos de los directores de agencias, registros militares e incluirán todos los tuits de Donald Trump.

Han habido unas 10 muertes confirmadas bajo la detención de la ICE durante este año fiscal, el cual termina el 30 de septiembre. Los registros que pertenecen a las investigaciones de estas muertes no se han clasificado como “permanentes”. Otras 150 personas han muerto bajo la detención de la ICE entre 2003 y 2015, según datos del departamento de seguridad interna que fue revisado por investigadores de la Universidad de Nueva York.

Jorge Rivas/Splinter

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La ICE no respondió a la solicitud de Splinter para explicar sus procedimientos en el almacenamiento de información de los detenidos. No obstante, NARA aporta que la Oficina Federal de Prisiones destruye los registros de muerte en detención después de cinco años. El Servicio de Jefes de Policía de Estados Unidos destruye tales registros dos años después de que concluyeron las investigaciones, en base a las fechas mínimas aprobadas por NARA.

Cuando un preso muere en la detención, ICE realiza una investigación que puede derivar en un archivo que incluye reportes investigativos, testimonios de testigos, registros médicos, fotografías y reportes de la autopsia. Todos podrían ser destruidos si se aprueba la solicitud que tratan de llevar a cabo. Los documentos también podrían incluir los hallazgos de violaciones de los estándares de detención de ICE, según la evaluación de NARA.

Sheehan le cuenta a Splinter que un perito recomendó aprobar la solicitud de la ICE para destruir los documentos después de 20 años porque estos archivos no cumplen con el “criterio para ser un documento permanente”. “Los derechos legales de los individuos documentados en estos registros no perduran de manera indefinida, y los registros no documentan las acciones importantes de los funcionarios federales que no fueron documentadas en otra forma”.

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Los expertos dicen que el Archivo Nacional suele dar más importancia a materiales creados por los directores de agencias federales y funcionarios públicos. Solo se guardan los documentos de la investigación de la muerte de alguien en detención permanentemente si la muerte estuvo relacionada con una mala conducta de un empleado, dijo Sheehan.

NARA reconoce que los documentos que no cumplen con sus criterios para la preservación permanente “podrían ser de mucho interés para el público”. Asegura además que “todos los actores interesados pueden solicitar acceso a los documentos de la agencia original a través de un proceso de liberación de información”.

El funcionario de NARA que revisó la solicitud de la ICE también justificó la destrucción de documentos relacionados con el abuso y asalto sexual a alguien en detención porque la ICE “genera un reporte anual sobre estos incidentes”, según los documentos de NARA obtenidos por Splinter.

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Pero estos informes anuales simplemente son resúmenes escritos por funcionarios de la ICE y no siempre incluyen los detalles de cada caso reportado. La oficina del inspector general del departamento de Seguridad Interna simplemente revisa un 2.4% de los reportes de abuso sexual que se presentan por las personas detenidas por la ICE, según una organización de derechos de inmigrantes que obtuvo tal información a través de una solicitud de liberación de información. La organización, Iniciativas Comunitarias para Visitar Inmigrantes en Detención (CIVIC, por sus siglas en inglés), encontró que sólo 24 quejas fueron investigadas de los 1,016 reportes de abuso sexual que se presentaron por personas en detención entre mayo de 2014 y julio de 2016.

La vocera de NARA justificó la destrucción de los documentos de asalto sexual citando una exención de la ley de liberación de información que protege los datos médicos de un individuo. Para proteger la privacidad de alguien en detención, la exención estipula que los registros de asalto sexual no se hacen disponibles hasta 100 años después de la fecha de nacimiento de la persona que presentó el reporte.

Sin embargo, existen algunos documentos de inmigración que NARA ha clasificado como permanentes. En 2014, había casi 70 millones de documentos de registro de extranjeros, que incluyen los registros de inmigración y naturalización de personas que no son ciudadanos estadounidenses. NARA registró estos documentos como permanentes en 2008 porque se usan en investigaciones genealógicas e históricas y porque sirven como “documentación primaria para la mayoría de los procesos migratorios” del gobierno, según un informe de NARA.

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NARA está aceptando comentarios del público (hasta el 7 de septiembre) antes de tomar su decisión final respecto a la solicitud de la ICE.

La doctora. Stacy Wood, profesora en la Facultad de Computación e Información en la Universidad de Pittsburgh, dijo que no estaba sorprendida por la decisión de NARA de aprobar la destrucción de documentos de ICE porque el archivo nacional suele a dar más valor histórico a los directores de agencias y políticos.

“El argumento implícito es que NARA confía en que los reportes de la ICE son correctos y adecuados y sirven para reemplazar los registros”, dijo la doctora, cuya investigación se centra en los aspectos éticos y legales de la creación, retención y destrucción de documentos gubernamentales.

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La semana pasada, NARA anunció que la ICE está proponiendo archivar permanentemente sus estándares nacionales para centros de detención, un conjunto de lineamientos que los centros tienen que obedecer para mantener “condiciones consistentes de confinamiento”. Pero los registros originales de las investigaciones que muestran si siguieron estas reglas seguirán clasificados como “temporales”.

“Hay un hueco enorme en los registros [del Archivo Nacional] pero no es sorprendente y no solo aplica a esta situación”, dice Wood a Splinter. “Ha llegado la hora para repensar un sistema que privilegia los documentos de arriba hacia abajo en lugar de privilegiar los documentos como evidencia de una interacción entre el pueblo y el gobierno federal”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés.