Luis Gallo

En la madrugada del 10 de enero, un grupo de hombres armados secuestraron a José Yilmer Cartagena en un mercado en El Cerro, un pueblo en el noroeste de Colombia.

El pr√≥ximo d√≠a su cuerpo fue hallado en una carretera. El cadaver mostraba se√Īales de tortura: ten√≠a m√°s de 32 heridas de cuchilladas, su garganta ten√≠a cortaduras en cuatro lugares y su lengua fue¬†cortada en pedazos.

Cartagena era el vicepresidente de una organización que ha luchado para la devolución de tierras a los campesinos que perdieron sus bienes durante la guerra civil colombiana. También fue miembro del partido político izquierdista Marcha Patriótica.

Ahora han silenciado a su voz de la misma manera que han hecho con otros 40 activistas que han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado noviembre.

L√≠deres guerrilleros y organizaciones de derechos humanos atribuyen estas muertes a grupos paramilitares de la derecha. Dicen que los asesinatos de estos activistas podr√≠an desestabilizar, e incluso destruir, el acuerdo de paz que tom√≥ cuatro duros a√Īos en finalizar.

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‚ÄúEst√°n matando a los l√≠deres que deben implementar el acuerdo de paz en sus regiones‚ÄĚ, me dijo Le√≥n Fredy Mu√Īoz, director de Fenalpaz, una ONG que trabaja con organizaciones rurales. ‚ÄúTambi√©n est√°n mandando un mensaje claro de que tratar√°n de matar a cualquier persona que se ponga en su camino‚ÄĚ.

De acuerdo con la organizaci√≥n de Mu√Īoz, muchos de los activistas que han sido asesinados en Colombia han estado trabajando en temas como la reforma agraria o la protecci√≥n al medio ambiente. Su trabajo los pone frente a frente con empresas locales y multinacionales que quieren¬†desarrollar proyectos de infraestructura o grandes proyectos agroindustriales en las zonas rurales.

Activistas como Cartagena también han estado trabajando para asegurarse que el gobierno implemente las normas del acuerdo de paz que prometen devolver la tierra a las personas que tuvieron que huir del campo durante la guerra.

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Defensores de los derechos humanos dicen que los paramilitares est√°n asesinando a los activistas para que la gente no regrese a los terrenos y para que puedan desarrollar sus propias empresas ilegales, como minas de oro y campos de coca.

‚ÄúEn Colombia tenemos la mala fortuna de ser ricos en recursos naturales y los esfuerzos para controlarlos han resultado en violencia, desplazamiento y sangre‚ÄĚ, me dijo Margarita Herrera, una activista de Agua Vive, un grupo que defiende los derechos del agua y de la tierra de la comunidad.

Herrera y su colega √Āngela Moreno dijeron que¬†fueron¬†amenazadas despu√©s de que intentaron detener un proyecto hidroel√©ctrico cerca de la ciudad de San Carlos, un pueblo afuera de Medell√≠n.

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‚ÄúEstaba caminando a la casa con mis dos hijas y cuando abr√≠ la puerta, dos hombres en una motocicleta aceleraron hacia nosotras‚ÄĚ, dijo Moreno. ‚ÄúLos hombres me dijeron que dejara de dar informaci√≥n o que iba acabar como mis hermanos‚ÄĚ.

Sus tres hermanos fueron asesinados por milicias hace varios a√Īos.

Mu√Īoz, el director de Fenalpaz, dijo que las amenazas y los asesinatos podr√≠an tener un doble efecto sobre el proceso de paz con las FARC.

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Para empezar, Mu√Īoz afirm√≥ que los asesinatos podr√≠an ser interpretadas por la guerrilla como una se√Īal de que las pol√≠ticas izquierdistas todav√≠a se encontrar√°n con una respuesta armada. Eso podr√≠a impulsar algunos guerrilleros a salir de los campamentos transitorios del gobierno¬†en donde ahora viven y se est√°n preparando para renunciar a las armas.

En segundo lugar, dijo que los asesinatos podrían provocar una nueva lucha armada por la gente que esta siendo perseguida.

‚Äú¬ŅQu√© m√°s pueden hacer?‚ÄĚ, pregunt√≥ Mu√Īoz.

El gobierno de Colombia afirma que los grupos armados que operan en las zonas rurales son narcotraficantes sin agenda política. También han anunciado que están invirtiendo recursos para erradicarlos.

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Pero las FARC y varios grupos de la izquierda argumentan que estas facciones son los sucesores de grupos de la derecha de los a√Īos 90 y principios de 2000 que defend√≠an los intereses de los grandes propietarios y las empresas mineras. Los l√≠deres de las FARC han dicho que este grupo es "el obst√°culo principal" para lograr la paz en Colombia.

Le√≥n Mu√Īoz no tiene ninguna duda de que la violencia pol√≠tica sigue existiendo en Colombia. √Čl ha sobrevivido seis intentos de asesinato en los √ļltimos cuatro a√Īos.

El √ļltimo ocurri√≥ hace cinco meses, cuando un grupo de hombres armados lo siguieron y le dispararon a su camioneta. ‚ÄúSi el carro no fuera antibalas, me hubieran matado‚ÄĚ, dijo.

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Mu√Īoz est√° preocupado de que cuando las FARC salgan de los campamentos y hagan la transici√≥n a la vida civil, grupos paramilitares ocupar√°n las zonas rurales antes controladas por las guerrillas y sacar√°n a los activistas y peque√Īos agricultores.

Sin embargo, dijo que seguirá haciendo su trabajo y denunciará asesinatos como el de José Cartagena.

‚ÄúSe han llevado tanto de nosotros que tambi√©n nos quitaron el miedo‚ÄĚ, dijo Mu√Īoz. ‚ÄúCreo que es mejor vivir y morir por algo que por nada‚ÄĚ.

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Luis Gallo is a journalist and radio producer based in New York and Bogot√°, Colombia.