CIUDAD DE MÉXICO—La administración Trump ha decidido ignorar la necesidad de protección para los trabajadores migrantes. Así lo ha marcado (o más bien, no lo ha marcado) en la publicación de sus objetivos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), realizada el pasado 17 de julio.
“Las protecciones del TLCAN ya están diseñadas para proteger a los empleadores, pero los trabajadores ahora se sienten más vulnerables con la nueva administración”, explicó en rueda de prensa Rachel Micah-Jones, directora del Centro de los Derechos del Migrante (CDM).
El Centro de los Derechos del Migrante expresó su inquietud tras el anuncio de la omisión de protecciones para los trabajadores migrantes: “Aunque damos la bienvenida a la inclusión de las protecciones laborales como parte del tratado en lugar de un acuerdo paralelo, el CDM se siente indignado de que el Presidente [Donald Trump] haya abandonado a las y los trabajadores migrantes [de los objetivos de la renegociación]”.
Los representantes de CDM explicaron que la importancia de esta falta de protecciones para los trabajadores extranjeros, bajo el modelo actual del TLCAN, se ha puesto en relieve de manera especial debido a los numerosos casos de fraude de trabajadores reclutados en México por supuestos empleadores de Estados Unidos.
“Reclutadores llegan a los pueblos y anuncian asambleas para explicar los puestos de trabajo en Estados Unidos. Hasta les dicen que deben pagar unos 4 mil pesos para reservar sus puestos y arreglar los trámites”, afirmó Micah-Jones. “Las personas del pueblo van al consulado para sus citas de visas, pero ahí se dan cuenta que fueron engañados, porque no tenían citas”.
El hecho de que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos aumentara el número de permisos de trabajo no agropecuarios de 66,000 a 81,000 puestos este año, pondrá a más trabajadores en riesgo de ser víctimas de fraude y explotación. (La administración ha sido cuestionada porque muchos piensan que esta decisión va en contra de los fundamentos de la iniciativa “Contrata Estadounidenses”).
El CDM explica que el modelo actual no cuenta con los mecanismos para prevenir este fraude, aunque las leyes prohíben a los empleadores pedir un pago para los puestos de trabajadores migrantes. El CDM supone que un 99% de los trabajadores le dan pagos a los reclutadores o a los empleadores, pero a la vez opina que hay muy poco que se pueda hacer para eliminar este problema. Para los que abonan esta cantidad, la cifra supone un monto económico más a añadir a los cerca de cinco mil dólares que cada migrante gasta en promedio para poder cruzar la frontera con coyotes de manera ilegal.
Tampoco existe una fórmula para que los trabajadores puedan dar seguimiento a casos de fraude internacional. De hecho, si un trabajador denuncia a un empleador por pedir depósitos para un puesto, el Departamento de Trabajo elimina ese puesto y el trabajador se queda sin otra opción de trabajo.
El Departamento de Trabajo ha reportado un aumento de entre el 30% y el 40% para los permisos de trabajadores de migrantes durante el primer trimestre de 2017, en comparación con el mismo periodo de 2016. A pesar de este incremento en las licencias para laborar en Estados Unidos, los casi 165,000 trabajadores con permisos solo representaron un 7% de los trabajadores agropecuarios durante 2016, asegura el CDM. La gran mayoría de estos son mexicanos.
Falta mucho para desarrollar un sistema que proteja a los trabajadores migrantes de la explotación en Estados Unidos. La administración Trump supone un nuevo reto para los activistas que les representan.